La abogada Estela Sánchez Canto, representante de la Asociación Civil Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (Redmy), ha destacado que durante este primer trimestre del año, Campeche se sitúa entre los cinco estados con mayores índices de violencia feminicida, con una tasa de incidencia alarmante según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta preocupación se fundamenta no solo en estadísticas frías, sino también en la experiencia directa de la asociación al acompañar a víctimas de violencia feminicida y sexual.
De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Campeche ocupa el quinto lugar en presuntos delitos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, superando la media nacional. Esta situación ubica a Campeche detrás de estados como Sonora, Colima, Baja California Sur y Nuevo León, siendo el único estado de la Península de Yucatán con esta preocupante incidencia.
El informe detalla que en este primer trimestre, Campeche ha registrado 2 víctimas mayores de edad, mientras que a nivel nacional se contabilizan 58 presuntas víctimas. Además, se destaca que en Calakmul, uno de los 48 municipios con presuntos delitos de feminicidio, se ha reportado un caso, con una tasa de incidencia que supera ampliamente la media nacional.
Estos datos confirman, según la activista, la persistencia y el agravamiento de la violencia contra las mujeres en Campeche, exacerbada por la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades estatales. Critica que, en el contexto del discurso sobre la marcha del 8M, se haya ignorado la convocatoria apolítica y sin tintes partidistas, desviando la atención hacia temas irrelevantes como una ventana y una puerta.
La activista insiste en la necesidad de políticas públicas eficaces con perspectiva de género, señalando que gestos simbólicos como la colocación de lazos morados o la iluminación de edificios no abordan las causas profundas de la violencia. En cambio, aboga por destinar recursos a mejorar las condiciones laborales de los agentes del Ministerio Público y a capacitar adecuadamente a quienes administran justicia. Además, demanda una distribución más efectiva del presupuesto, priorizando la creación de espacios seguros para mujeres víctimas de violencia y la adquisición de recursos para investigaciones de delitos.
Finalmente, recalca la importancia de que las políticas públicas no se limiten a unos pocos, sino que estén disponibles y accesibles para todos los operadores del sistema de justicia, a fin de abordar de manera integral y efectiva la problemática de la violencia contra las mujeres.
Es relevante mencionar que en el informe del año 2023, Campeche cerró como el tercer estado a nivel nacional con más casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, evidenciando la persistencia de esta problemática en la región.