En su calidad de presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, ha enfatizado la importancia de salvaguardar la independencia judicial frente a cualquier influencia interna o externa que pudiera comprometer la función de impartir justicia.
Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos del Premio AMIJ 2024, celebrada en el marco del Día del Juzgador y la Juzgadora Mexicanos, la ministra Piña Hernández subrayó que la independencia judicial no es un privilegio, sino un derecho fundamental de los ciudadanos, y que los jueces están comprometidos con su defensa.
Ante representantes de los diversos órganos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF), la ministra Piña Hernández, quien también preside el Consejo de la Judicatura Federal, reiteró el valor supremo de la justicia en la sociedad, destacando su papel en la preservación de la dignidad humana y el equilibrio constitucional en México.
La justicia, señaló, no solo resuelve conflictos, sino que también humaniza, construye y enaltece a la sociedad. Por ello, hizo un llamado a honrar y preservar este valor, comprometiéndose a impartirla con honestidad, convicción y excelencia, en total apego a la Constitución.
En un mensaje complementario, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, presidente de la Primera Sala de la Corte y representante de esta institución ante el Comité Directivo de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), instó a los jueces a trabajar incansablemente por el Estado de Derecho en México, promoviendo la igualdad y la no discriminación, y garantizando el acceso de todos los ciudadanos a una justicia pronta, completa e imparcial.
En este sentido, destacó la necesidad de que los órganos judiciales estén integrados por personas honorables y valientes, comprometidas con la defensa de los derechos humanos y la equidad social.
Finalmente, el ministro jubilado Ulises Sergio Schmill Ordóñez, al hablar en representación de los galardonados, hizo hincapié en el papel fundamental del Poder Judicial para garantizar la regularidad de las normas y actos gubernamentales conforme a la Constitución, subrayando la importancia de rechazar cualquier intento de relativizar estos criterios normativos, que podrían conducir a conflictos sociales y jurídicos.