El conflicto territorial entre Campeche, Quintana Roo y Yucatán ha alcanzado un avance significativo en su proceso de investigación para determinar la pertenencia de las áreas disputadas, con un progreso que actualmente alcanza el 80%.
Sin embargo, según Heyden Cebada Rivas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJE), existe la posibilidad de que este proceso sufra un retraso adicional debido al contexto electoral en Quintana Roo y al próximo cambio de administración en Yucatán.
Este retraso potencial podría impactar el trabajo realizado por ambas entidades para acelerar la resolución del expediente y la división del territorio en cuestión. Desde agosto del año pasado, los gobiernos de Yucatán, Quintana Roo y Campeche han avanzado en la conclusión de la etapa de desahogo de pruebas.
Parte de este proceso incluyó un exhaustivo trabajo de campo en la zona de conflicto, donde representantes de los gobiernos de Yucatán y Campeche llevaron a cabo análisis con los vecinos y recopilaron opiniones de los habitantes. Además, ambas entidades continúan defendiendo sus cartografías, presentando pruebas físicas que respaldan sus reclamos, incluyendo puntos geográficos clave y lugares históricos como casetas de inspección y aduanas que conectan ambas regiones.
Según Cebada Rivas, ahora están a la espera de la presentación del proyecto de sentencia y su posterior discusión. Sin embargo, el desarrollo de los procesos electorales en la región podría generar un nuevo obstáculo, especialmente con el cambio de gobierno estatal en Yucatán, lo que podría traducirse en un retraso adicional en un conflicto que ya lleva dos décadas en curso.
A pesar de la voluntad mostrada por la administración del gobernador Mauricio Vila para resolver el conflicto, la carga de trabajo en diversas instancias del Poder Judicial de la Federación podría generar contratiempos en la emisión de la sentencia final del litigio territorial. En resumen, aunque se ha avanzado considerablemente en la investigación y el análisis de este conflicto, los procesos electorales y los cambios administrativos podrían ralentizar aún más la resolución de esta disputa territorial.