Tras una semana de críticas del Presidente a un artículo de Tim Golden que expone acusaciones de la DEA en su contra, ProPublica respondió y se justificó calificándolo como un “caso ejemplar“. La agencia estadounidense emitió un comunicado el viernes destacando que el artículo reveló una investigación previamente secreta sobre supuestas donaciones de narcotraficantes a la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Argumentaron que el artículo ilustraba las presiones contradictorias que enfrentan los funcionarios estadounidenses ante la corrupción en México.

El artículo de Golden, titulado “¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del Presidente Mexicano López?”, fue publicado por ProPublica el 31 de enero, generando críticas tanto de la oposición como del presidente en sus conferencias matutinas. El Presidente desestimó el artículo como calumnias difundidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, afirmando que era una reacción a su proceso de transformación en México.

López Obrador desafió al Gobierno de EU a presentar pruebas o disculparse, además de dejar de utilizar periodistas como “peones”, refiriéndose a Golden y acusándolo de tener relaciones con el expresidente Salinas de Gortari. ProPublica respondió argumentando que la táctica de atacar a periodistas que revelan verdades incómodas es común en la democracia, y destacó que intentaron obtener la postura de AMLO a través del vocero presidencial sin éxito.

Reconocieron haber coordinado con InSight Crime para la fecha de publicación, pero trabajaron de forma independiente para producir reportajes detallados. También mencionaron que reescribieron los reportajes para responder a una solicitud de la DEA de no revelar fuentes confidenciales.

A pesar de que funcionarios de Estados Unidos han declarado que el caso está cerrado, ProPublica argumenta que la ambivalencia de Washington hacia la corrupción se ha agravado con la relevancia de la inmigración en la política estadounidense. Sugieren que la administración de López Obrador podría relajar su control sobre los migrantes en respuesta a cualquier acción penal contra sus funcionarios.

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