Ángel Cabrera, Karina Aguilar y Jorge X. López
La entrega de 116 millones de pesos a una empresa con domicilio en una casa para la logística de las giras de supervisión presidenciales para el Tren Maya presenta anomalías que deben ser investigadas, coincidieron legisladores y expertos.
Este lunes, 24 HORAS publicó que el Fonatur-Tren Maya entregó un contrato por 116 millones de pesos para la logística de las giras de supervisión del presidente Andrés Manuel López Obrador a Soluciones Integrales Argal, una empresa creada en Durango y cuya ubicación es una casa en una colonia popular.
La justificación para evitar someter a concurso el Servicio Integral para Giras Presidenciales, pues el contrato se adjudicó directamente, fue porque se trataba de un asunto de “Seguridad Nacional”.
Ante esto, el politólogo Marcos Pérez Esquer aseveró que resulta sospechoso el contrato, entregado a la empresa Soluciones Integrales Argal por 116 millones de pesos, por varios factores. Uno de ellos es que, como publicó 24 HORAS, se entregó por adjudicación directa por razones de seguridad nacional, lo cual no se justifica. “Se trata de un tren de corrupción que sigue una ruta de la ilegalidad y este ejemplo muestra que hay un tema con las giras presidenciales”, dijo el politólogo.
Carlos Alberto Bautista, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle, señaló que no todos los contratos del Tren Maya se justifican como de seguridad nacional, pues con esto se puede ocultar la información sobre costos, entrega de materiales y arrendamientos, entre otros.
Incluso, el diputado federal de Morena Daniel Gutiérrez llamó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a que revise el contrato que celebró Fonatur-Tren Maya para la logística de las giras presidenciales, pues consideró que esa debería ser una función propia de la Presidencia.
“Es muy trascendental revisarlo, primero porque pagar 116 millones para las visitas del Presidente…, lo primero que tenemos que revisar es si se apega a los programas, a los proyectos, a los criterios tal y como se estableció en el presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados”, dijo el morenista.
Mientras que el senador del PRD por Tabasco Juan Manuel Fócil aseguró que el pago de 116 millones de pesos para las giras de supervisión del Presidente al Tren Maya “no tiene justificación” y se contrapone con el servicio de logística y seguridad que brinda el Ejército.
La diputada Elizabeth Pérez (PRD) criticó que este tipo de contratos son precisamente los que tanto condenó el presidente Andrés Manuel López Obrador siendo candidato. “Y ahora como Presidente de la República, su equipo y probablemente hasta con su venia, reproducen exactamente todo aquello de lo que se quejaba en su campaña”.
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