La Universidad de Ciudad del Carmen se encuentra en una situación crítica debido a una deuda millonaria de más de 130 millones de pesos generada por demandas laborales y adeudos fiscales.
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Durante las administraciones de Sergio Augusto López Peña y José Antonio Ruz Hernández, ambos destituidos como rectores por malversación de fondos y malos manejos, se llevaron a cabo prácticas que han llevado a la universidad al borde del embargo.
La institución enfrenta múltiples problemas financieros, incluyendo demandas laborales que han resultado en pérdidas económicas y un pasivo actual de entre 120 y 140 millones de pesos. Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está exigiendo el pago de adeudos fiscales correspondientes a los años 2012 y 2014, los cuales ascienden a la suma de tres mil 500 millones de pesos.
Estos impuestos no fueron pagados por la universidad, que operaba como una empresa durante ese período, según lo expresado por Sandra Martha Laffón Leal, rectora de la Unacar.
Laffón Leal también mencionó que el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) está exigiendo a la universidad 335 millones de pesos como resultado de un convenio relacionado con la llamada “Estafa Maestra”.
En dicho acuerdo, la Unacar recibió 350 millones de pesos del Gobierno de Aguascalientes para equipar aulas en escuelas de dicha entidad, pero el dinero nunca se utilizó con ese propósito.
La mala gestión de recursos, especialmente durante la administración de José Antonio Ruz Hernández, ha afectado gravemente la nómina de la universidad, impidiendo el pago completo de salarios y prestaciones, así como el cumplimiento de obligaciones fiscales. En los últimos meses, la institución ha perdido diversos laudos judiciales, lo que ha agravado aún más su situación financiera.
La Unacar también se enfrenta a problemas relacionados con el uso de subcontratación (outsourcing) en el pasado, especialmente en relación con los negocios llevados a cabo con PEMEX antes de la implementación de la Reforma Energética y la Reforma Laboral. Las demandas laborales presentadas por trabajadores subcontratados se dirigen directamente a la universidad en lugar de las empresas contratistas.
En resumen, la universidad se encuentra en una compleja situación financiera, con deudas millonarias por demandas laborales y adeudos fiscales.
El SAT ha iniciado acciones de fiscalización y se espera que la universidad busque ayuda del Estado y la Federación para encontrar una solución viable y demostrar sus intenciones de pago.
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