De acuerdo con el último Censo del INEGI, en Campeche hay 126 mil 384 niñas de cero a 15 años que representan la mitad de la población de infancias en ese grupo de edad y que requieren la atención prioritaria a través de medidas afirmativas que permitan revertir la desigualdad en la que se encuentran, especialmente por la violencia consuetudinaria a la que están expuestas con matrimonios serviles, explotación sexual, trabajo infantil para aportar en sus familias, abuso sexual y otras formas de violencia sobre los cuerpos de las niñas.
Urgen a eliminar violencia contra las niñas
La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género (REDMYH AC) encabeza la campaña permanente “Campeche, sin matrimonio infantil en la ley y en la práctica” y urgió a que la entidad adopte todas las medidas a fin de eliminar las prácticas consuetudinarias que permiten y facilitan la unión de hecho de niñas con hombres adultos, quienes cometen actos de violencia contra las niñas menores de 15 años, como parte de la sexualización de las menores en la sociedad.
Señaló que el origen de todas las violencias contra las mujeres empieza en la infancia, pues esto deriva en embarazos no deseados, embarazos múltiples a temprana edad que colocan a Campeche entre los 5 primeros lugares de embarazo infantil/adolescente a nivel nacional, seguido de la muerte materna infantil, riesgos para la salud y otras complicaciones que viven a consecuencia de esta forma de violencia estructural contra las niñas. En 2021 se ubicó en el segundo lugar nacional.
Es grave que en municipios como Hopelchén, Calakmul, Escárcega, Candelaria se hable de niñas de 12 y 13 años de edad que viven con hombres adultos, hechos que constituyen claramente abuso sexual infantil normalizado y naturalizado en las comunidades, aun cuando el mandato derivado del artículo 2.f de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW), es “adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer”.
Asimismo, el artículo 5.a señala que es deber del Estado modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres.
Por esta razón, desde la REDMYH AC, hacemos un llamado a las autoridades responsables del diseño de la política pública a privilegiar la prevención, sanción y eliminación de la violencia contra las niñas, así como su reparación y tratamiento como víctimas en hechos delictivos en los que se ven involucradas