En la tribuna legislativa de la doceava sesión ordinaria del Congreso del Estado, en los asuntos generales, el diputado Antonio Jiménez dijo que hoy los campechanos despertaron con la noticia que, después de tantos malos gobiernos, la justicia está llegando al estado, y muestra de ello -dijo- es la inspección de las propiedades del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, por lo que enfatizó “no se más actos de corrupción y vamos a hacer que se haga justicia en favor del pueblo campechano”.
De acuerdo con las denuncias emitidas por la Gobernadora del Estado, se había creado una red de corrupción en el gobierno de Moreno Cárdenas para triangular dinero con la compra-venta de inmuebles, que consistía principalmente en la compra de propiedades a precios irrisorios para donarlos a sus cercanos y luego revenderlos a precios mucho más altos, evadiendo así el pago de impuestos y haciendo uso del poder político como medio para esta estrategia.
Antonio Jiménez refirió que, a casi tres años de haber concluido su administración, las autoridades federales y estatales aún buscan esclarecer el destino de más de 3 mil 800 millones de pesos de recursos federales que fueron transferidos a Campeche.
De acuerdo con datos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2016 y 2018 (los tres años completos que gobernó Campeche) se identificaron irregularidades por un monto total de 4 mil 263 millones de pesos. De esa cantidad, hasta el corte del pasado 1 de junio, solo se habían encontrado pruebas para solventar el uso correcto de 412 millones de pesos.
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Buscan esclarecer destino de más de 3mil 800 mdp
Es decir, siguen sin esclarecerse ni devolverse más de 3 mil 851 millones de pesos de recursos públicos, sto es, el 90% del dinero observado.
Uno de los fondos federales más afectados fue el de Participaciones Federales a Entidades Federativas y Municipios, en el que la ASF detectó un ejercicio no justificado de 2 mil 941 millones de pesos.
Los datos de la ASF muestran claramente que justo en los tres años de administración del hoy presidente del PRI, el monto de los recursos mal manejados y no esclarecidos en la entidad se incrementó de forma exponencial.
Entre 2004 y 2015 los montos observados no superan los 70 millones de pesos anuales, para 2016 ascendieron a 122 millones, en 2017 rozaron los 300 millones de pesos; y en 2018 se dispararon hasta los 3 mil 430 millones de pesos.
Ante estos datos, los legisladores de la bancada del PRI y Moci aludieron ser perseguidos políticos, pues no sólo hay denuncia contar el líder nacional del PRI, sino también contra el exalcalde de Moci, Eliseo Fernández Montúfar, por presunto peculado y uso indebido de recursos
“Hoy los opositores se unen para defender sus intereses, escondiéndose bajo el papel de víctimas tratando de engañar a un pueblo que ya no les cree”, señaló Jiménez.
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