Desde la llegada de Pablo Gómez Álvarez a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en noviembre de 2021, esta dependencia ha ignorado peticiones de colaboración del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre investigaciones por irregularidades financieras de partidos y candidatos.
Un informe de la Unidad Técnica de Fiscalización sobre el estado que guardan las indagatorias, aprobado por el Consejo General el 15 de diciembre pasado, señala que desde hace más de dos años la UIF ha frenado la colaboración con el organismo electoral.
El reporte reconoce expresamente que eso ocurrió a partir del 16 de noviembre de 2021, cuando Santiago Nieto dejó la Unidad de Inteligencia Financiera y su lugar fue ocupado por Pablo Gómez.
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“Con el cambio de titular (16 de noviembre de 2021) la atención de solicitudes se ha frenado”, señala el informe de fiscalización del INE.
De acuerdo con el documento, el año pasado el organismo realizó 68 requerimientos a la UIF, de los cuales solo se atendieron siete, con un tiempo de respuesta de 50 a 149 días.
Con la reforma electoral de 2014 se estableció el artículo 200 en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que las “autoridades y las instituciones públicas y privadas están obligadas a responder a la Unidad Técnica de Fiscalización, las solicitudes de información protegidas por el secreto bancario, fiduciario y fiscal, en un plazo máximo de cinco días después de realizada la solicitud”.
A su vez, el INE tiene vigente un convenio de colaboración con la UIF que establece que los requerimientos de información deben atenderse 15 días después de su notificación y que puede extenderse dicho plazo a 10 días más, lo cual no ha sido cumplido durante la gestión de Pablo Gómez.
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En septiembre de 2019, con Santiago Nieto al frente de la Unidad Técnica de Fiscalización y Lorenzo Córdova, como presidente del INE, se estableció la colaboración que facilitaría el trabajo de fiscalización de partidos y candidatos.
Para febrero de 2021 el intercambio de información se amplió, con lo que el INE tendría acceso a reportes de operaciones relevantes, inusuales y preocupantes y reporte de Avisos de Actividades Vulnerables respecto a las investigaciones que realizaba.
Sin embargo, meses después, con la llegada de Pablo Gómez a la dependencia federal, dicha colaboración se frenó y la UIF ha dejado de responder 90% de las solicitudes del órgano electoral, mientras que las que ha atendido son después de los plazos pactados.
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Uno de los casos emblemáticos es el de Odebrecht, en el que se investigaba el presunto financiamiento ilícito de la constructora brasileña en la campaña presidencial de 2012, pero el INE le dio carpetazo porque no hubo colaboración de las autoridades.
De acuerdo a los registros de la sesión del INE del 31 de marzo del año pasado, donde se informó que se cerraba ese caso, la consejera Carla Humphrey aseveró que a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) “se le hizo un requerimiento que simple y sencillamente no ha contestado, ya que si su titular (Pablo Gómez) en lugar de estar haciendo reformas electorales, estuviera cumpliendo con las atribuciones que le competen a la UIF, probablemente se podría tener información adecuada para solventar los procedimientos en materia de fiscalización”.
El organismo electoral también tiene vigentes convenios con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNVB), con el objetivo de allegarse información sobre el origen y destino de recursos que manejen los partidos, así como de sus proveedores y aportantes de los institutos políticos.
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Según el informe del INE, a la CNBV realizó 2 mil 88 solicitudes de información el año pasado, sin reportes de negativas, solo con entrega a destiempo, mientras que al SAT le hizo 316 peticiones, de las cuales 16 están pendientes de respuesta.
En materia de fiscalización, el órgano electoral, hasta diciembre pasado, tenía 212 investigaciones pendientes de resolución, entre las que destacan cuatro correspondientes a la elección presidencial de 2018.