La Fiscalía de Venezuela dictó una orden de arresto contra el opositor Juan Guaidó y solicitará alerta roja de Interpol, por primera vez tras una veintena de pesquisas abiertas en su contra, al basarse en investigaciones de una Corte en Estados Unidos divulgadas por la prensa.
Se designaron fiscales “para dictar una orden de aprehensión en su contra y la respectiva solicitud de alerta roja de Interpol para que este sujeto pague por estos delitos que hoy conoce y difunde la justicia de los Estados Unidos de Norteamérica”, señaló este jueves el fiscal Tarek William Saab, en una alocución televisada desde el Ministerio Público.
Venezuela emite alerta roja de Interpol para Juan Guaidó
El fiscal, de línea oficialista, señala al opositor de “entregar” a Citgo, filial estadounidense de la estatal petrolera PDVSA sobre la que cursa un proceso judicial en Estados Unidos que puede llevar a una subasta para cobrar deudas de Venezuela y de la propia estatal.
El fiscal, de línea oficialista, señala al opositor de “entregar” a Citgo, filial estadounidense de la estatal petrolera PDVSA sobre la que cursa un proceso judicial en Estados Unidos que puede llevar a una subasta para cobrar deudas de Venezuela y de la propia estatal.
Los países y las empresas públicas se consideran normalmente entes separados, pero Stark valida el argumento de los acreedores: para el magistrado, Citgo es un ‘alter ego’ del gobierno de Venezuela, ergo, es un activo disponible para pagar compromisos de PDVSA y de la nación.
Los delitos imputados a Guaidó, quien escapó a Estados Unidos en abril pasado, son: traición a la patria, usurpación de funciones, provecho o extracción de dinero, valores o bienes públicos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Guaidó calificó tales señalamientos como “propaganda” para “perseguir física y moralmente a la oposición venezolana”. “El régimen ataca de nuevo, con una de sus armas predilectas, el secuestro de la justicia”, indicó Guaidó en un mensaje en la red social X.
En este contexto, Citgo podría ser subastada si no se logra una renegociación con quienes buscan cobrar deudas de Venezuela mediante la venta de sus acciones, lo que el gobierno de Maduro ha calificado de “robo”. Los reclamos judiciales que buscan su liquidación sobrepasan los 20 mil millones de dólares.
