De acuerdo con la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI), el número de víctimas de corrupción aumentó 3.6% entre 2013 y 2019, solo entre 2017 y 2019 el incremento fue de 1.1%, al pasar de 14.6 a 15.7%.
En términos per cápita, cada víctima de corrupción pagó 3 mil 822 pesos en promedio, 1 mil 372 pesos más por persona afectada respecto a lo estimado en 2017.
Por el contrario, entre 2016 y 2020, se observó una disminución de casi 50% en el monto promedio que las empresas erogaron por actos de corrupción.
En Durango, Ciudad de México y Quintana Roo, la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción fue casi tres veces superior a la probabilidad de serlo en Tamaulipas, Baja California Sur, Colima o Zacatecas.
Entre 2017 y 2019, Durango, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla fueron los estados donde se observó un aumento de víctimas de corrupción. Querétaro, Chihuahua y Tabasco presentaron una disminución.
Durante 2019, 59 de cada 100 personas fueron víctimas de corrupción por parte de alguna autoridad de seguridad pública, mientras que las empresas, la victimización fue de 35 de cada 100 en 2020.
En este mismo año las administraciones públicas del orden federal y estatal recibieron 105,289 denuncias por incumplimiento de obligaciones, cifra que representó 2.5 asuntos por cada 100 servidoras y servidores públicos.
Del total de denuncias, el ámbito federal concentró 32%, mientras que del total de quejas recibidas por las entidades federativas, la Ciudad de México y el Estado de México acumularon 57.7%.
Acorde con la ENCUCI, el 54.6% de las personas de 15 años y más, reconoció que la corrupción fue uno de los tres principales problemas que enfrentó México en 2020.
El 62.1% de población mayor de 18 años creía o había escuchado que exista la corrupción en los trámites públicos que realizó en 2019, sin embargo, sólo 15.7% resultaron víctimas de esta misma.