Un nuevo audio escándalo fue revelado ayer durante la edición del Martes del Jaguar. La gobernadora Layda Sansores San Román acompañada del periodista Juan Herrera Real, presentó otra de las conversaciones que le han hecho llegar de manera anónima y donde el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas ordena estrategias para evadir impuestos y ocultar sus propiedades.
En este audio, se revela una conversación entre una persona identificada como Armando Zertuche Santiesteban y “Alito” Moreno, en la que planean mover millones de pesos a través de empresas, transferencias y donaciones simuladas.
“Las clases de lavado de dinero estaban a toda hora, ¡qué lamentable que involucre hasta a su propia madre!”, expresó la Gobernadora al escuchar que el líder priista utilizó a su mamá como prestanombre y destacó que es una evidencia más que el ex gobernador “no quería sacar dinero de su bolsillo, pero sí quería seguir viviendo del pueblo”.
En uno de los audios, el priista menciona también al empresario Eduardo Macari como comprador de una propiedad de su mamá.
“Es una verdadera escuela de lavado, con el dinero del pueblo lavan bonito los angelitos y tienen los prestanombres, esto es abiertamente un delito, es un corruptazo, señaló Sansores San Román durante la transmisión del programa.
Antes, Herrera Real recordó que el audio de Moreno Cárdenas donde asegura que a los “periodistas no se les mata a balazos sino de hambre”, fue tendencia en redes sociales y que muchos medios nacionales lo retomaron para cuestionarlo y exigir aclare la información exhibida en el Martes de Jaguar, pues obviamente causó indignación.
La Gobernadora, le recordó al líder del PRI que cuando se dieron a conocer los audios de Elíseo Fernández Montúfar en el proceso electoral de 2018, él fue el primero en señalar que eran reales “y ahora sale a declarar que los de él son inventados”.
“Alito es incapaz de asumir su responsabilidad, es una contradicción o a lo mejor necesita un psiquiatra y se le está juzgando injustamente. Los videos lo desnudaron, es lo que le duele porque ahora todos saben su realidad”, expresó.
Sansores San Román señaló que Moreno Cárdenas recurre a su estrategia de siempre: a decir que es una persecución política, pero subrayó que esta vez se le va a juzgar y tendrá que asumir su responsabilidad, porque la denuncia ya está presentada.
Asimismo, hablaron de la entrevista que realizó Ciro Gómez Leyva al fiscal, Gerardo Adolfo Castillo, en la que se dio a conocer que se abrió una carpeta de investigación por el posible delito de intervención en la comunicación privada, a lo que la Gobernadora señaló nuevamente que ella no espió a nadie y que los audios se los entregaron.
“Nunca he visto a un Ministerio Público acudir a dar una entrevista y dar detalles de un caso; el que está violando el debido proceso es este fiscal por no actuar con el sigilo que ordena la ley y eso también es un delito”, enfatizó Sansores.
Recordó que el propio periodista Ciro Gómez Leyva reveló audios del entonces candidato a diputado federal, Alfredo Adame, donde pretendía quedarse dinero designado para su campaña, y ahora dice que difundir audios es ilegal y sale a la defensa de Moreno Cárdenas en una actitud que deja evidencia de su “imparcialidad”.
También se dio a conocer que las declaraciones patrimoniales del priista están truqueadas y que por esta razón, la Secretaría de la Contraloría detectó que seis funcionarios públicos de su administración no rindieron su declaración patrimonial.
Luego de presentar diversas caricaturas que circularon en redes sociales a raíz de la difusión de los audios de Alejandro Moreno, la Gobernadora enfatizó que con lo que le pagó al publicista español Solá, se pudo dotar de agua potable al municipio de Carmen que sufre escasez del vital líquido.
También, la Gobernadora habló sobre la liquidación de muchos periodistas que fueron despedidos injustificadamente de las empresas de un grupo empresarial local afín al dirigente priísta y que es utilizado para hacer el trabajo sucio en contra de la actual administración, y los llamó a acudir para interponer las denuncias correspondientes pues el gobierno está dispuesto a asesorarlos para evitar las injusticias laborales.