El Instituto Nacional Electoral (INE) ha informado que, para los próximos comicios, se han recibido 5 mil 314 solicitudes de personas interesadas en fungir como observadores electorales, marcando así una participación significativa en las elecciones más grandes de la historia. Sin embargo, en estados con historiales de violencia, las cifras de solicitudes son considerablemente bajas.
Según el informe del INE, entidades como Zacatecas, Colima y Guerrero reportan apenas unas decenas de solicitudes, con 18, 15 y 35 respectivamente. Estos mismos estados han sido escenario de asesinatos de aspirantes a cargos públicos durante este año.
El análisis revela que la mayoría de las solicitudes de observación electoral se concentran en siete entidades: Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, sumando un total de 2 mil 843 interesados en vigilar los comicios.
Es preocupante notar que estados con alertas por alta incidencia delictiva y posibilidad de intervención del crimen organizado muestran una baja demanda de observadores electorales. Este riesgo es especialmente alto en entidades como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas y Morelos, según un informe de Integralia sobre violencia política.
Además de estos, hay otro grupo de estados con riesgo alto de violencia relacionada con el proceso electoral, incluyendo a Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Tabasco y Veracruz.
En respuesta a esta situación, tanto el organismo electoral como las autoridades federales han establecido protocolos especiales para proteger a los capacitadores electorales que trabajan para reclutar a los funcionarios de casilla.
El politólogo José Perdomo Galicia ha destacado que desde 1994, cuando se ciudadanizó el órgano electoral federal, ha existido una tradición de observación electoral para garantizar la legitimidad de los procesos. Sin embargo, reconoce que en regiones controladas por el crimen organizado, los observadores enfrentan riesgos significativos que pueden disuadir su participación.
Perdomo subraya que, dada la situación de inseguridad en algunas regiones, es comprensible que no todos estén dispuestos a arriesgar su vida para monitorear las elecciones. Advierte que la falta de observadores en zonas conflictivas podría socavar la legitimidad de las elecciones, aumentando la posibilidad de impugnaciones y judicialización de los resultados.
El INE ha señalado que hay un mayor interés en la observación electoral en comparación con las elecciones presidenciales de 2018, atribuido en parte a la facilidad de registro electrónico. Se ha destinado un fondo de al menos 18 millones de pesos para apoyar esta labor.
Recientemente, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó los Lineamientos para la implementación de este Fondo de Apoyo para la Observación Electoral, con el objetivo de brindar apoyo técnico y financiero a las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones educativas que realizan esta labor.
Los recursos del Fondo son administrados por socios internacionales, como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), asegurando la independencia y transparencia en el uso de los recursos asignados.
Además, se espera la llegada de misiones internacionales, como la de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uninore) y la Organización de los Estados Americanos (OEA), que elaborarán informes sobre el desarrollo de los comicios, lo que refleja una atención internacional a la importancia de estos procesos electorales.