La presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura, diputada del PRI, Adriana Pilar Ortiz Lanz, presentó una iniciativa para reformar el artículo 209 del Código Penal del estado de Campeche, referente al delito de extorsión, con el propósito de precisar el llamado “derecho de piso” como variante agravada de dicho delito.
La extorsión, en sus modalidades de llamada telefónica y cobro de “derecho de piso”, es un delito que hoy por hoy azota a los campechanos y aunque está tipificado en la legislación actual, las penas que se imponen a quienes lo cometen son muy ligeras, explicó la también abogada.
Además, actualmente el Código Penal no contempla la duración prolongada de la extorsión que es el cobro o “derecho de piso“, el cual, a decir de la legisladora, inexplicablemente es hasta asumido o reconocido por la sociedad, tal es el caso que llega a pagarlo.
Agregó la también abogada que muy pocos se salvan en Campeche de la extorsión, delito del que casi nadie se salva, pues afecta a agricultores, inversionistas, asociaciones e incluso a los ministros de culto.
“Hay un dato que nos debe de impactar y debemos tener presente, que según estudios de organismos como el Inegi, el que el 2 por ciento de la inflación nacional deriva de la extorsión y del cobro de piso”, precisó la diputada por el Partido Revolucionario Institucional.
Explicó que el crimen organizado al involucrarse directamente en la producción agrícola e industrial y transporte, genera que se incremente el precio de los bienes de consumo y servicios, lo cual es pagado por el consumidor final
Ortiz Lanz refirió que si se le aplica un costo al delito de extorsión, cada mexicano habría pagando en el año 2022 el equivalente a los 37 mil 705 pesos, basándose en datos que -dijo- son oficiales.
Ortiz Lanz también citó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública ( ENVIPE), misma que precisa que, a nivel nacional, la extorsión ocupa el tercer lugar en la preocupación de los ciudadanos, en tanto que en el estado de Campeche, es el número dos.
Esa misma encuesta, considerada una de las herramientas fundamentales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), expuso que en el 2021 el 53 por ciento de los campechanos se sentía inseguro; en 2022, el 54 por ciento, en tanto que en el 2023, dicho porcentaje se disparó al 61 por ciento.
Durante la sesión de este martes la 64 Legislatura también tomó protesta al diputado de Movimiento Ciudadano, Jesús Humberto Aguilar Díaz, como Primer Vocal de la Junta de Gobierno y Administración, en sustitución de Paúl Arce Ontiveros, quién pidió licencia temporal.