LA DIVISA DEL PODER / Adrián Trejo
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió por seis meses al juez Gabriel Domínguez Barrios, quien concediera una suspensión al secretario de Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, para que quedara como “encargado de despacho’’ en sustitución de Samuel García.
Domínguez Barrios era juez tercero de Distrito en Materia de Trabajo del Primer Distrito Judicial con sede en la CDMX y no tenía facultad para conocer la petición de amparo solicitada por el gobernador de Nuevo León.
El Congreso del estado, quien es el único facultado para elegir al gobernador interino, presentó una queja al CJF por la actuación del juez.
A partir de esa queja, el CJF determinó suspender por seis meses al juez, después de comprobar que existían elementos objetivos, aptos y suficientes, para establecer que en el trámite del juicio de amparo promovido por Samuel García y su incidente de suspensión, desplegó una serie de actos que probablemente constituirían un notorio desvío de legalidad, basado en una razón de descuido o negligencia.
Gabriel Domínguez Barrios no tenía facultades para conocer esa demanda de amparo.
Además, no observó en su trámite la Ley de Amparo y diversas jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de aplicación obligatoria.
Indebidamente decretó la suspensión y su posterior incumplimiento en contravención a la normativa aplicable.
No es la primera vez, sin embargo, que este juez se encuentra en el ojo del huracán.
El 3 de enero del 2022, cuando se encontraba en una estética en Jiutepec, Morelos, junto con su hijo adolescente, fue atacado a balazos y el joven herido con un cuchillo.
Por ese caso se detuvo a tres sospechosos; el móvil oficial fue “intento de asalto’’.
Sin embargo, en diciembre del 2019, siendo titular del juzgado Noveno de Distrito con sede en Iguala, Guerrero, Domínguez Barrios fue atacado a tiros y golpeado cuando llegaba a su casa en Cuernavaca, Morelos.
Durante su pasó por el juzgado Noveno, al que llegó en el 2018, Domínguez Barrios tenía bajo su responsabilidad el expediente de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Un mes antes de sufrir su primer atentado, en noviembre del 2019, el controvertido juez dejó en libertad a Marco Antonio Ríos Berber, acusado de participar en la desaparición de los normalistas.
Ríos Berber pagó una fianza de 10,000 pesos y fue dejado en libertad a pesar de que en sus declaraciones había reconocido ser “halcón’’ de los “Guerreros Unidos’’ y haber sido quien compró el diesel para la incineración de los cuerpos.
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Sergio Loredo Foyo, empresario acusado de intentar extorsionar al Gobierno federal con el bloqueo de la plataforma VisitMéxico, se encuentra nuevamente en el ojo del huracán.
Su situación ha generado un llamado al presidente López Obrador para que se investiguen a profundidad las acciones del empresario, fundador de AlquimiaPay, quién enfrenta acusaciones por operar sin la autorización requerida de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Loredo Foyo ya había enfrentado a la justicia en el 2021, acusado de secuestrar el sitio VisitMéxico en julio de 2020, mismo que su empresa diseñó y que entonces administraba para la Secretaría de Turismo.
Braintivity, compañía contratada por el Gobierno federal para mantener VisitMexico, denunció en ese entonces que el empresario Juan Sergio Loredo Foyo, había “secuestrado” el sitio.
El empresario cuenta con dos carpetas de investigación abiertas por otras denuncias, una de ellas por violencia familiar.
A ver.
@adriantrejo