Los habitantes de la sierra y frontera sur de Chiapas enfrentan una realidad marcada por balaceras, acoso del crimen organizado, asesinatos y desapariciones. La disputa territorial entre los cárteles de Sinaloa (CS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) se intensificó, obligando a miles a huir en busca de refugio.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas informó la semana pasada que al menos 2,300 personas abandonaron localidades como Socoltenango, Chicomuselo y La Concordia; según el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), la cifra asciende a aproximadamente tres mil.
La violencia en la entidad, gobernada por el morenista Rutilio Escandón Cadenas, ha ido en aumento, según Gerardo Alberto González Figueroa, investigador de Ecosur. Los cárteles han desatado una guerra en los poblados, utilizando paramilitares y sicarios para defender o atacar territorios.
A pesar de resistirse, muchos habitantes, temerosos, huyeron sin llevar consigo pertenencias, optando por escapar en lugar de unirse al CJNG en Comalapa, según informes locales. Algunos se trasladaron a casas de familiares en otros municipios, pero a veces no son recibidos debido al temor al narcotráfico, y años después, no logran recuperar sus hogares.
En recientes manifestaciones en Tuxtla Gutiérrez, alrededor de 200 personas de Santa Martha Chenalhó exigieron regresar a sus residencias tras haberse desplazado en septiembre de 2022. Comitán y San Cristóbal han sido refugios para las víctimas, pero solo unas pocas han resistido y permanecido organizadas.
La Agencia de la ONU para los Refugiados señala que el desplazamiento forzado impacta negativamente en aspectos como empleo, vivienda, salud física y mental, educación y cultura.
Chiapas se ha vuelto atractivo para los cárteles debido a su porosidad y problemas añejos de desigualdad, aprovechando también la presencia de migrantes. El crimen se diversifica con tráfico de drogas, extorsión, trata de personas y explotación minera de la barita.
Datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana revelan que, en 2023, al menos 18 chiapanecos sufrieron extorsión, 163 despojos, cinco fueron víctimas de trata de personas, y se abrieron 385 carpetas de investigación por narcomenudeo.
El investigador González Figueroa prevé dos futuros para Chiapas en un contexto político: una alianza del próximo gobernador con un cártel para calmar la situación o una elección equivocada que podría intensificarla. Hasta el cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta del Gobierno de Chiapas ante las solicitudes de comentarios.
Por: 24 HORAS MÉXICO
JCOL