Jacobo Velázquez
Con el objetivo de analizar el avance y cumplimiento a las obligaciones de respeto, garantía y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en labores jurisdiccionales, se realizó el infirme “Justicia inadaptada: niñez y adolescencia frente a la administración de la justicia” de la autoría de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. Con base en que hace 10 años se emitió el primer protocolo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Justicia, inaccesible para para los infantes
Dicho protocolo señala la relevancia de que los menores participen en sus procesos con garantías, que su edad biológica no sea un impedimento para recabar su opinión o testimonio. Lo encontrado a través de diversas solicitudes de información y análisis de resoluciones en las versiones públicas de las 32 entidades de México es un disparate. El tema de justicia no ha sido accesible o amigable para la infancia.
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En las metodologías realizadas en las solicitudes de información o revisión de sentencias se analizaban las adecuaciones que se han realizado para que los menores involucrados puedan acceder a la justicia. En las respuestas, Yucatán y Tabasco contestaron de forma completa a los cuestionamientos; Chiapas, Campeche y Quintana Roo lo hicieron de forma limitada. Oaxaca y Veracruz de plano omitieron responder la mayoría de puntos solicitados.
El reporte indica que en algunos casos las entidades no han actualizado sus sistemas judiciales ni de transparencia por lo que la información no es accesible.
Las sentencias revisadas por delito fueron por: violación, abuso sexual, acoso sexual, corrupción de menores, delitos varios, lesiones, feminicidio, pederastia, violencia familiar, homicidio en parentesco y sustracción de menores.
Las sentencias revisadas por tipo de acción fueron por: pérdida de patria potestad, guardia y custodia de alimentos, paternidad, adopción, divorcio, alimentos; visita, herencia y violencia familiar.
“Toda esta información debería ser pública y accesible en virtud de tratarse de información generada por órganos obligados y por ser de utilidad para la comprensión de las actividades que llevan a cabo” refiere el reporte.
“Todavía tenemos grandes deficiencias y malas prácticas al respecto. Siguen existiendo casos donde, por ejemplo, un niño víctima de violencia sexual en su escuela debe esperar más de seis horas para participar en su juicio separado de su madre, con el pretexto de que ambos son testigos; o niñas que son “careadas” o confrontados con sus agresores en procesos familiares”.
La disparidad de información en las solicitudes es evidente con las representaciones de suplencia en los que estados como Sonora que aportó 3, 352 casos entre 2016 y 2021 en tanto Campeche aportó 1, Yucatán 521, Quintana Roo 348, Chiapas y Tabasco no aparecen.
En el Registro de Participaciones en Procedimientos Familiares, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Quintana Roo no respondieron a las peticiones en tanto Yucatán aportó los registros en audio y video.
Este informe es un llamado a todos los poderes judiciales a que hagan un compromiso real por la justicia adaptada para niñas, niños y adolescentes, con el fin de que se respeten y garanticen sus derechos
. / Jacobo Velázquez