En la Mesa para la Construcción de la Paz y Seguridad se dio a conocer que la Consejería Jurídica notificó que un juez federal resolvió un amparo en favor del Estado en el que se reconoce la constitucionalidad de la Ley de Vialidad, Tránsito y Control Vehicular estatal, que establece la facultad de las autoridades para retirar los vehículos a conductores que se encuentren en estado de ebriedad y asegurarlos en depósitos vehiculares.
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En la reunión que encabeza la gobernadora Layda Sansores San Román con su gabinete y autoridades militares y de seguridad, se informó que “la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho humano a la libre circulación no es absoluto, pues su ejercicio puede restringirse de manera temporal con base en ciertos criterios de proporcionalidad, como que un agente estatal practique a un particular una prueba de alcoholímetro, misma que debe considerarse excepcional y admisible con solo la existencia de un operativo preventivo a vehículos en circulación.
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Las autoridades de la Mesa de la Paz señalaron que los operativos de alcoholimetría tienen como fin prevenir accidentes viales, en esta administración gubernamental. Se reiteró que el alcohol es causa del 100 por ciento de los homicidios culposos en los que esta sustancia está involucrada.