Recién tomó posesión de su cargo como presidente de Colombia, pero Gustavo Petro no deja perder un solo día y esta semana dio el primer paso para poner en marcha el plan tributario que le permita financiar los ambiciosos programas sociales de su administración, unos con los que espera acortar la brecha de desigualdad en el país y reducir la pobreza que castiga al 39% de la población, esto a través de reformas que logren captar más impuestos de los ingresos de los colombianos más ricos.
El equipo económico del presidente, liderado por el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, presentó ante el Congreso de Colombia el proyecto para la reforma tributaria, una iniciativa que busca incrementar las aportaciones de los sujetos con mayor capacidad contributiva y reducir las exenciones a “los más pudientes”, según un resumen oficial compartido a los medios.
“La propuesta se construye sobre los principios constitucionales de equidad, eficiencia y progresividad, y tiene como propósito saldar parte de la deuda social histórica del Estado con la población colombiana”, dice el texto de la iniciativa.
En Colombia, 39% de los 50 millones de habitantes viven en situación de pobreza, representando la brecha entre ricos y pobres más amplia de la región, según el índice de desigualdad Gini.
En el marco de la recuperación económica global, luego de una crisis sanitaria por Covid-19, Gustavo Petro recibe un país cuyos ingresos tributarios representan el 13% del PIB, según informes del gobierno, cuando el promedio en Latinoamérica ronda el 14.8 por ciento.
La propuesta fijaría nuevos impuestos al patrimonio, bebidas azucaradas, alimentos procesados y ganancias ocasionales; también plantea aumentar los aranceles a las exportaciones de petróleo, carbón y oro, así como a los plásticos de un solo uso, esto como parte de su promesa de transición a energías más limpias y el cuidado del medio ambiente.
Buscará retomar diálogo con la guerrilla
El principal partido de la derecha en Colombia, Centro Democrático, expresó su rechazo a los planes del nuevo presidente de izquierda, Gustavo Petro, para extinguir el conflicto interno mediante negociaciones con los grupos armados.
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En su discurso de investidura, Petro se comprometió a alcanzar la paz “verdadera y definitiva” tras la negociación que condujo al desarme de la guerrilla de las FARC en 2017.
El mandatario, que cuenta con mayorías en el Congreso, anunció que retomará los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), última guerrilla reconocida del país; asimismo, anticipó un plan para el desmantelamiento pacífico de las bandas del narcotráfico a cambio de beneficios judiciales que no ha especificado.
“Se engaña el nuevo gobierno si piensa que se puede negociar con el crimen (…) A 153 dólares el gramo de cocaína en las calles de Estados Unidos, por cada captura de un capo nacerán dos nuevas cabezas”, señaló la senadora María Fernanda Cabal durante la primera declaración del partido tras la posesión del izquierdista.
Aunque el acuerdo de paz con las FARC mermó la violencia política, estos grupos armados se han expandido en zonas remotas donde aprovechan las rentas de la cocaína y la minería ilegal ante la debilidad del Estado.
Con información de 24 Horas Nacional
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