REDACCIÓN
Más de 13 millones de armas de fuego sin registro son usadas en hechos de violencia y actividades criminales en México, la mayoría provenientes de Estados Unidos, afirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Armas del crimen, sin registro y de alto poder
Al participar en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en el marco del Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, el consultor jurídico de la cancillería, Alejandro Celorio, señaló que entre el 70 y el 90% de estos artefactos tienen su origen en el vecino país del norte.
“Sin embargo, el problema no solo es la cantidad de armas sino las características de estas y que son traficadas ilícitamente, un buen número son armas de alto poder y de diseño para uso militar, esto otorga a los grupos criminales un poder de fuego significativo, el cual propicia que las fuerzas del orden se involucren en una espiral de violencia que incrementa la letalidad de los enfrentamientos y costos de los operativos”, indicó.
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Cabe recordar que el 4 de agosto de 2021 México presentó una demanda civil contra los fabricantes de armas de fuego en Estados Unidos por su comercio negligente y falta de controles para evitar que sus productos lleguen a la delincuencia organizada.
Como parte del proceso, el próximo 12 de abril se llevará a cabo la audiencia para la presentación de alegatos orales ante el juez F. Dennis Saylor IV, en la Corte Federal de Boston, Massachusetts.
Celorio aclaró que la demanda es contra las empresas, no contra el Gobierno de Estados Unidos, las personas estadounidenses, ni su sistema jurídico.
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“Es una demanda civil en la que nosotros manifestamos que existe un daño transfronterizo por estas actividades negligentes que por ejemplo el no tener cuidado en que como se venden y distribuyen”, indicó.
El consejero jurídico afirmó que México hace su parte al reforzar sus acciones en las aduanas en la frontera común y persigue a las organizaciones que trafican armas, pero es necesario que las empresas que manufacturan y distribuyen armas se comprometan a establecer mejores controles para evitar el tráfico ilícito.