En un dramático acto de protesta y presión hacia los tres niveles de gobierno, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) tomó medidas extremas el pasado martes al armar a 20 menores, conformados por 15 niños y cinco niñas, en la localidad de Ayahualtempa, perteneciente al municipio de José Joaquín de Herrera.
El motivo detrás de esta acción radical es la urgencia de la CRAC-PF para que la Fiscalía de Guerrero acelere las acciones de búsqueda de una familia que, según su denuncia, fue secuestrada y trasladada a Tlanicuilulco.
Luis Morales Rojas, miembro del Consejo Regional de la Policía Comunitaria, expresó que ante la falta de respuestas oficiales, la CRAC-PF ha decidido asumir las labores de rastreo, ahora con la participación de los menores oriundos de Los Pinos y Ayahualtempa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el Gobierno estatal les presentó supuestos avances en la investigación el día anterior.
El objetivo declarado de la CRAC-PF es ejercer presión sobre los tres niveles de gobierno para que tomen medidas contra el grupo criminal Los Ardillos, con la esperanza de evitar que los menores se vean obligados a tomar las armas.
En un giro sorprendente, la Coordinadora decidió que los niños, como parte de su protesta, vistieran pantalón negro, playera verde militar, una gorra y pasamontañas, mientras sostenían un rifle. Esta impactante presentación tuvo lugar el miércoles, a las 12:00 horas, en la cancha techada de Ayahualtempa, y contó con la presencia de más de 100 habitantes, así como miembros del CRAC-PF y el Consejo Nahua.
El caso específico que motiva esta acción extrema es el secuestro de Cecilia Gaspar Hernández (50 años), José Teodoro Domingo Ortíz (52 años) y sus hijos Roberto y Gaudencio, de 30 y 32 años respectivamente. El secuestro ocurrió en el punto conocido como Zacatepec, cuando la familia acudió a buscar a su ganado.
En un contexto más amplio, a pesar del compromiso del Gobierno de México en 2019 para detectar el reclutamiento de niños y adolescentes por la delincuencia organizada, no existen cifras oficiales hasta el momento. Según un estudio de Redim en colaboración con el Observatorio Nacional Ciudadano, entre 145 mil y 250 mil menores estaban en riesgo de ser reclutados por organizaciones delictivas hasta el año 2020. Estados como el Estado de México, Jalisco y Chiapas destacaban como las regiones con mayor peligro, registrando cifras alarmantes de casos potenciales de reclutamiento.