El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, elevó la confrontación con la Cuarta Transformación al acusar a los gobernadores de Morena de descalificar sin sustento y a los diputados y senadores por aprobar, con “mayoriteo”, una reforma que trastoca la autonomía del organismo.
Tras la aprobación del llamado Plan B, que significa un paquete de cambios a las leyes electorales, el funcionario acusó que “no es de demócratas legislar de espaldas a la ciudadanía, ‘mayoritear’ en lugar de buscar consensos y aprobar visiones que claramente violan la autonomía del INE, afectan gravemente la capacidad del instituto para garantizar elecciones auténticas y ponen en riesgo los principios esenciales de la función electoral”.
A su parecer, es de “llamar la atención que 22 gobernadoras y gobernadores de esos mismos partidos utilicen la descalificación como único sustento para manifestar su respaldo a la reforma”.
En un video, publicado en redes sociales, reiteró que el INE usará todas las vías jurídicas disponibles para tratar de revertir los cambios.
“Afortunadamente una mayoría de mexicanos confía en su órgano electoral, en la limpieza de las elecciones, en el trabajo que miles de trabajadoras y trabajadores del INE y de los Organismos Públicos Locales de todo el país llevan a cabo cotidianamente en todo el país”.
Abundó que “hay quienes quieren echar las campañas al vuelo por el INE y por nuestra democracia, a esos hay que decirles que guarden las palas porque no va a haber entierro. La batalla por la defensa de la democracia y nuestro sistema electoral seguirá adelante, recurriendo a todas las vías jurídicas que sean necesarias”.
El llamado Plan B fue aprobado por ambas cámaras casi en su totalidad, salvo una reserva, que regresará al Senado, sobre el registro de partidos y la posible transferencia de votos.
Al respecto, el INE adelantó que interpondrá un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De entrada, el Instituto alertó que dos mil 175 integrantes del Servicio Profesional Electoral (SPF) perderían su empleo en el corto plazo, cifra que aumentaría por las implicaciones totales de la reforma.
El consejero Ciro Murayama señaló que se trata de la destrucción de la capacidad operativa del INE para organizar comicios, con el principal riesgo de que en un futuro sean los operadores de los gobiernos en turno los que se encarguen de organizar la instalación de casillas.
Para Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del INE y de quien se ordena el cese inmediato al entrar en vigor el Plan B, aseveró que los cambios tendrán una implicación directa en la administración del Padrón Electoral ylos Módulos, que diariamente entregan hasta 60 mil credenciales de elector.