En México, cada diputado local le cuesta, en promedio, a los ciudadanos, 12.5 millones de pesos al año; sin embargo, hay legisladores que cuestan más todavía que eso: a los de Ciudad de México, Michoacán, Jalisco y Morelos se les invierte casi 20 millones de pesos de recursos públicos anualmente.
En contraste, en Colima, Tamaulipas, Puebla, Yucatán y Campeche el presupuesto de sus congresos dividido entre todos sus diputados no excede los seis millones de pesos. Así lo refleja un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en su Informe Legislativo 2022.
El documento señala que para 2022 el presupuesto de los 32 congresos locales en México asciende a 13 mil 900 millones de pesos, una cantidad 0.3% menor en términos nominales respecto a 2021. Según el IMCO, los congresos estatales que ejercen más recursos públicos son los de la Ciudad de México (mil 600 millones de pesos), Estado de México (953 millones de pesos) y Michoacán (934 millones de pesos). Los congresos locales con menor presupuesto son los de Colima (115 millones de pesos), Yucatán (140 millones de pesos) y Tamaulipas (194 millones de pesos).
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Ante eso, el IMCO identificó que hay asimetrías de presupuesto a los congresos sin una justificación clara. Por ejemplo, mientras que el presupuesto del congreso de Nuevo León para 2022 es de 400 millones de pesos, el congreso de Michoacán, un estado con menor población y Producto Interno Bruto, costará 934 millones de pesos a sus habitantes.
Otros ejemplos son Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Tlaxcala, los cuales, destinan más de 200 pesos por habitante a sus congresos, mientras que Puebla, Chiapas, Tamaulipas y el Estado de México destinan menos de 60 pesos. Además, el número de congresistas locales no obedece al tamaño poblacional de los estados: “mientras que el congreso de Sinaloa tiene 40 congresistas, Coahuila, un estado de mayor tamaño y población, solo tiene 25 congresistas”.
Denuncias sirven más que auditorías para que SFP sancione a empleados federales Recursos de auditorías, sin equilibrio Por otra parte, advirtió el IMCO, los recursos que se destinan a la mayoría de las auditorías locales para vigilar a los congresos no es congruente ni con su tamaño ni con el número de ciudadanos a los que representan.
Por ejemplo, el presupuesto de la auditoría por habitante en Quintana Roo será de 114 pesos en 2022, en San Luis Potosí de 103 pesos y en Zacatecas de 80 pesos. En contraste, en el Estado de México sólo se destinarán 15.7 pesos por habitante a la auditoría, seguido por Morelos (16 pesos) y Veracruz (27 pesos).
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Guanajuato, uno de los estados que destina menos recursos por habitante a su auditoría, ha visto importantes reducciones a su presupuesto total, entre 2020 y 2022 se redujo un 20 por ciento en términos nominales. En 2022, el presupuesto de las 32 auditorías estatales asciende a 5 mil 281 millones de pesos, una cifra 10 por ciento mayor que en 2021 en términos nominales. En términos absolutos, la auditoría con más recursos será la de la Ciudad de México (673 millones de pesos), seguida por Jalisco (326 millones de pesos) y San Luis Potosí (300 millones de pesos).
Baja California Sur (33 millones de pesos), Morelos (34 millones de pesos) y Colima (38 millones de pesos) serán los que menos recursos destinarán en términos absolutos. El poder legislativo de San Luis Potosí es el que destina mayor porcentaje de su presupuesto a su auditoría estatal (50 por ciento); le siguen Coahuila (46.7 por ciento) y Puebla (46.1 por ciento).
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En contraste, siete estados destinan menos del 20 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo a sus auditorías estatales; destacan Morelos, que solo destina 7.7 por ciento, Baja California Sur el 12.4 por ciento y Aguascalientes el 15.6 por ciento. Frente a las diferencias presupuestales en los congresos locales, el IMCO propuso establecer que al menos 20 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo se destine a las auditorías estatales para asegurar su funcionamiento y evitar presiones presupuestales por parte del gobernador o congresistas.
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Además, definir de forma clara el número de habitantes por congresista local en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en su redacción actual el principio es ambiguo, lo que ocasiona asimetrías en el número de habitantes por diputados locales en cada estado. Asimismo, planteó invertir en la profesionalización de los congresos locales y auditorías mediante el servicio profesional de carrera para eliminar el uso de puestos de forma clientelar y partidista en áreas administrativas, de investigación, comunicación y transparencia.